Hemos podido observar en los últimos días cómo la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) auspiciaba el siguiente titular en la prensa nacional: “El automóvil aportó más de 24.000 millones en impuestos al Estado en 2011”.

Si el mensaje mediático que la asociación hubiese pretendido propagar hubiese correspondido a un generoso sentido de la solidaridad fiscal, lo que uno podría haber encontrado en su memoria anual hubiese sido un resumen indicando la aportación de 24.000 millones de euros por el impuesto de sociedades.

Sin embargo, no es exactamente esta información la que aparece publicada en la página 68 del resumen anual de 2011 elaborado por la Anfac, cuyo extracto es el que se puede apreciar en la imagen superior.

Como puede observarse, no es posible deducir de dicha tabla la cantidad del Impuesto de Sociedades que la Anfac ha aportado al fisco en 2011.

O se les ha olvidado, o no han pagado nada por ese concepto, siendo ambas posibilidades igual de preocupantes.

Por otro lado, suponiendo que la información proporcionada en el apartado «consumo de carburantes» sea cierta, las cantidades de IVA e Impuestos Especiales encuadradas por dicho concepto corresponderían a aportaciones realizadas por los ciudadanos o consumidores finales. En ningún momento por el lobby que forma en España la Anfac.

De modo, que si el verdadero interés de la asociación residiese en facilitar al sector público los flujos presupuestarios que genera su actividad, podrían haberse centrado en aspectos como:

– La gran contribución que generan las importaciones de hidrocarburos al déficit comercial español.

– La importante carga que las prestaciones por desempleo originadas como consecuencia de los distintos ERE´s que afronta actualmente el sector (como el de GM en Figueruelas) supone en los presupuestos generales del estado.

– El coste económico (y medioambiental) estimado de entre 450 y 800 millones de euros, que supondrá a las arcas públicas españolas superar a finales de 2012 sus derechos de emisión de CO2 establecidos en el protocolo de Kyoto.

Exceso generado por el sector del automóvil a través del transporte por carretera, entre otros.