La crisis sanitaria y económica originada por el covid-19 en España está dibujando un escenario de prioridades económicas inquietante. El gobierno y las administraciones públicas están dando pasos en distintas direcciones. Con diferentes velocidades y magnitudes. Sin embargo, la intensidad y la orientación de algunas de ellas comienzan a resultar, en ciertos casos, desconcertantes. En los últimos días y semanas se han conocido las cifras de ayudas públicas al sector de la automoción y educación. Y el contraste derivado del volumen de unas y otras ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Por qué? Lo vamos a explicar.

Los fondos anunciados para el sector automovilístico ascienden a 3.750 millones de euros, una cifra que prácticamente duplica la que se baraja para el sector educativo, 2.000 millones de euros según las últimas noticias e informaciones.

Como no podía ser de otra manera, el anuncio del plan gubernamental de ayudas al sector del automóvil ha sido respaldado y celebrado por su principal asociación, mientras que, por el lado contrario, las reacciones de las comunidades educativas a las actuaciones realizadas hasta el momento por los gobiernos central y autonómicos en el ámbito educativo han sido de oposición frontal.

Las razones del sector automovilístico para solicitar fondos públicos se justifican en su aportación al Productor Interior Bruto -PIB- nacional, aproximadamente un 10%,  y al volumen total de trabajadores que absorbe, alrededor de 1 millón, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística -INE-.

No obstante, teniendo en cuenta la relevancia del sector educativo tanto en capital humano como en empleo y colectivos implicados, la distribución de los recursos públicos hacia ambos tipos de sectores revela una línea de prioridades gubernamentales inquietante. Si el sector automovilístico está vinculado con 1 millón de personas, el sector educativo engloba a más de 10 millones, de los cuales un número superior a ocho millones son niños y alumnos de infantil, primaria o secundaria.

Poniendo en relación el volumen de las ayudas con el total de las personas a las que afecta, el resultado se traduce en un volumen de ayuda pública per cápita de 3.750 euros para el sector de la automoción y de otro casi veinte veces menor de 200 euros para el de educación. Una diferencia de recursos abismal tal y como se puede comprobar en el gráfico inicial.

Las autoridades sanitarias mantienen activadas, además, todas las alertas ante la posibilidad de que se produzca un segundo brote de contagios antes de que finalice el año, una circunstancia que de originarse en aulas y centros educativos constituiría una bomba de relojería para el conjunto del país, pues podría derivar en un nuevo confinamiento.

Teniendo en cuenta que el plan para dotar con fondos públicos al sector del automóvil se ha activado inmediatamente, transcurrido apenas tres meses desde el crecimiento de los contagios, y  que las ayudas para dicho sector ya se encuentran en la actualidad disponibles, las excusas de inviabilidad material y económica que las autoridades públicas y educativas esgrimen para dotar con fondos el sector educativo resultan tan desconcertantes como inquietantes.