Supongamos que por la razón que sea – la clave de todo el artículo está aquí- la economía entra en crisis, el paro se dispara y muchos ciudadanos no pueden pagar el alquiler de sus viviendas.

El ejecutivo, por su sensibilidad declarada y manifiesta hacia el colectivo de personas que viven de alquiler, emite un decreto que avala la concesión de préstamos bancarios sin intereses a los inquilinos, al objeto de que puedan pagar sus alquileres sin cargas financieras.

En dicho decreto se estipula que el Estado -o sea el conjunto de sus ciudadanos- sea quien asuma los intereses de los préstamos, estableciendo el abono de los intereses por anticipado a los prestamistas, esto es, a los bancos.

¿A qué nos conduce esta hipótesis?

A un primer problema económico, el de las personas que viven de alquiler, que queda subsanado sin coste directo y explícito, aparentemente para ellas.

A un segundo problema, el de los propietarios de las viviendas, que queda resuelto sin coste directo y explícito, aparentemente para ellas.

A un tercer problema, el de las entidades financieras, que…

Un momento. ¿Qué tercer problema?