¿Se imaginan que una de las nuevas formaciones políticas de España propusiese la supresión de las horas extraordinarias al objeto de facilitar una vía de acceso de los parados al mercado laboral?

Pues eso es exactamente lo que ya propone el actual texto vigente del Estatuto de los Trabajadores (ET) en su artículo 35.2: “El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en paro forzoso.”

Por lo tanto, de igual modo que en el artículo 35.1 del ET se determina el número máximo de horas extraordinarias que cabe realizar en un año sobre la jornada completa –ochenta-, en el 35.2 se legitima -con idéntico poder normativo que en el punto anterior-  la posible reducción o supresión de tal cantidad en aras de la satisfacción del mayor bienestar social.

Es ésta la razón por la que con un nivel de 75 millones de horas extraordinarias (pagadas y no pagadas) realizadas en el primer trimestre de 2015 y cerca de 5,5 millones de parados en el mercado laboral de España según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, constituye un hecho singularmente inaudito que aún disponiendo de los resortes de carácter legal para reconducir la situación actual hacia la sostenibilidad, los sucesivos poderes ejecutivos hayan ensayado, por el contrario, una deliberada inobservancia de la vigente normativa legal.

Pero más radicalmente terrible es, sin embargo, que la descomposición, desnaturalización y, en definitiva, corrupción de las normas, suponga un catastrófico proceso metabólico que de no erradicarse en el momento oportuno e ideal termine extendiéndose como la carcoma hacia el interior del entramado social. Tal vez por eso, una de las consecuencias más explícitas del actual mercado laboral sea que de los 75 millones de horas extraordinarias realizadas en el primer trimestre de 2015, un total de 44 millones de horas (cerca del 60%) no supusiera retribución alguna para el trabajador, el dato más alto de horas no pagadas en España en un primer trimestre en los últimos siete años.

Parece suficientemente evidente, por consiguiente, que si una sola de las políticas aplicadas al naufragio de España de los últimos años hubiera de ostentar la consideración de radical, la que precisamente tendría todas las papeletas para ganar no sería otra más que la constituida por la exasperante y negligente inoperancia institucional. ¿No es cierto?