Expolio: “Acción y efecto de despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad”. Iniquidad: “Maldad, injusticia grande”. Hete aquí dos de los principales conceptos sobre los que se asienta el último libro escrito de manera conjunta por Javier Castro-Villacañas y Luis Suárez, “El expolio a las clases medias” (Editorial Stella Maris), un pormenorizado ensayo en el que sus autores trazan el origen de la brutal erosión de bienestar sufrida por las clases medias españolas a lo largo de la última crisis económica. La reciente publicación de esta obra -octubre de 2015-  constituye una inmejorable oportunidad para mantener una breve entrevista con sus autores en El Captor.

Titulan ustedes su libro “El expolio a las clases medias”, la primera pregunta es, por lo tanto, inmediata; expolio a las clases medias, bien, pero, ¿quién o quiénes lo han realizado en su opinión?

Ha sido una acción conjunta, o un expolio que ha contado con la colaboración de muchos actores. En primer lugar, el poder financiero internacional. La crisis tiene su origen en el hundimiento del capitalismo financiero en el verano de 2008 como consecuencia de la quiebra de las hipotecas subprime. Es una crisis crediticia que se transforma en una crisis social y de empleo. Ahora estamos viviendo sus efectos políticos. Los poderes públicos respondieron a la crisis rescatando a los Bancos y poniendo en marcha políticas de ajuste. Ellos son los segundos responsables. El caso más escandaloso ha sido el español: las reformas laborales llevadas a cabo tanto por el PSOE como por el PP han supuesto un antes y un después (y quién sabe si ya un para siempre) en la forma de trabajar y en los derechos laborales de los españoles. Llegar a un 26% de paro, como ocurrió en España, ha sido el mayor ataque que han recibido las clases medias en todo el mundo. La puntilla final la volvieron a dar, la siguen dando, las entidades financieras mediante la comercialización de productos tóxicos ante los oídos sordos y las manos muertas de los controladores, reguladores y entidades de consumo público. Como se ve, es una pescadilla que se muerde la cola.    

Ustedes argumentan la necesidad de una clase media vigorosa como sustento de la armonía social. En esto coinciden con el discurso oficial de los principales partidos políticos de España. Sin embargo, a la vista de la actual evolución de la clase media española, ¿hasta qué punto creen que falla nuestro sistema democrático?

El sistema democrático falla en nuestro país y eso supone, principalmente, un ataque contra las clases medias. Lo explicamos detalladamente en nuestro libro. No solamente por los escandalosos casos de corrupción, que también.  Dentro de las medidas que consideramos necesarias para rescatar a las clases medias señalamos y argumentamos una reforma radical de nuestro régimen político: división de poderes, representación directa de los cargos públicos y elección directa del poder ejecutivo. Únicamente con una reforma de estas características conseguiríamos que nuestra democracia fuera auténtica y se lucharía con eficacia contra la corrupción. 

Realizan ustedes una descripción pormenorizada de la crisis económica exponiendo los principales datos de su catastrófico legado: volatilización de un tercio de la clase media en España, porcentaje de población en riesgo de pobreza del 28,2%, porcentaje de riqueza del 50% de la población: 10%, etc… Si simplificáramos el conjunto de posibles recetas existentes para hacer frente a la actual crisis de desigualdad en tan solo dos, ¿cuál de ellas creen ustedes que sería más efectiva, la receta liberal o la intervencionista?

En la anterior pregunta ya hemos contestado respecto a la necesidad de una reforma política. Pero, naturalmente, sería necesario realizar más cosas. El Estado debe dedicarse a establecer y vigilar para que se cumplan las reglas del libre mercado que es lo que permite el crecimiento económico. Pero no debe quedarse ahí. En una economía tan compleja y globalizada, sobre todo la financiera, debe actuar en la defensa de los consumidores y usuarios de los servicios bancarios. Los órganos reguladores y de control (CNMV, Banco de España, Instituto Nacional de Consumo) deben actuar y servir para lo que fueron creados. No se puede volver a permitir las estafas (preferentes, cláusula suelo, clips, swaps…) que han puesto en marcha algunas entidades financieras para hacer cuadrar sus balances a costa de sus clientes y del pequeño empresariado. Y luego, naturalmente, debe distribuirse el crecimiento y la riqueza conquistada a través de un sistema fiscal justo y no confiscatorio como existe en la actualidad.  Las políticas sociales en educación, sanidad y pensiones son el patrimonio conquistado y que han hecho posible la existencia de las clases medias y deben de mantenerse. Menos Estado político y más sociedad privada.  

Su respuesta nos trae a colación el capítulo VI del libro, que titulan “Los seis ataques a la clase media” y en el que escriben: “negarse a subir impuestos a los ricos lo que consigue es que estos sean cada vez más ricos”. No obstante, antes de considerar la posibilidad de aplicar tipos impositivos confiscatorios, ¿no creen ustedes que el marco jurídico-normativo debería configurar un sistema económico que de partida impidiera que “85 personas acumulen tanta riqueza como la que posee la mitad de la población mundial”?

El problema no es que haya ricos, sino que existan los pobres. Cuando nosotros señalamos y relatamos con datos y comentarios la brecha enorme que existe, y que se ha ampliado últimamente, entre los ricos, la clase y media y los pobres en nuestro país, no lo hacemos poniendo el dedo del problema en la existencia de los ricos, sino en lo escandaloso que supone la situación que han vivido y siguen viviendo los sectores y capas sociales que han salido perdiendo en esta crisis. Es verdad que es imposible, como prometía un político populista en Sudamérica: “dar al pobre sin quitar al rico”, pero eso no tiene que suponer cargarse el único sistema económico que crea riqueza y prosperidad en el mundo, como es la economía de libre mercado, sino reformarla, (distribuir la riqueza mediante un sistema fiscal justo) y controlar sus excesos y delitos.  

Hablemos del sistema financiero español. En su libro indican que la cartera hipotecaria con cláusula suelo asciende todavía a 46.000 millones de euros. Citan, además, otro dato realmente escandaloso: que la cláusula ha posibilitado unos ingresos “extra” a la banca (¿también tal vez “ilegales” a la espera de que lo dictamine el Tribunal de Justicia de la UE?) de ¡9.100 millones de euros! desde que comenzó a emplearse en 2006 y 2007. ¿Esto solamente pasa en España?

En este aspecto nosotros hablamos de España, y de cómo han actuado, y en algunos casos siguen actuando, los bancos, las entidades financieras y los tribunales en nuestro país. Seguro que en otros países se producen abusos, o intentos de abusos, similares o parecidos, pero la forma de actuar de los tribunales puede que haya sido distinta. En España va a tener que ser la Justicia de la Unión Europea, como ya ha ocurrido otras veces (gracias a la demanda interpuesta por AUSBANC, la asociación de consumidores que ya ha ganado 4 sentencias ante el Tribunal Supremo donde se anulan las cláusulas suelo), la que ponga las cosas en su sitio declarando la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo desde el mismo momento de su origen. Esto es, desde el día que se firmaron los contratos hipotecarios. 

Una de sus conclusiones en el libro es la siguiente: “Unos acuerdos globales e internacionales sería lo único que permitiría sentar las bases de una sociedad más moderna, más justa y más equilibrada”. ¿Incluirían ustedes entre dichos acuerdos el famoso proyecto de tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido como TTIP?

No tiene nada que ver. Son cosas completamente distintas. Nosotros señalamos unos acuerdos que fueron discutidos, debatidos y quedaron escritos como recomendaciones en la Cumbre del G-20 celebrada en Washington el 15 de noviembre de 2008. Eran recomendaciones sobre la necesidad  de controlar los flujos financieros, los mercados de crédito, la desaparición de los paraísos fiscales, la transparencia de las entidades financieras, el papel que deberían jugar el Banco Mundial y el FMI, la defensa de los clientes y usuarios de servicios financieros. Al final todo quedó en papel mojado y eso es, precisamente, lo que nosotros denunciamos.

Por último, en su libro observamos pasajes de dura crítica hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial porque “hacen y deshacen financieramente sin encomendarse a Dios o al diablo ni importarles el impacto social de sus políticas”. ¿Qué opinión les merece el rol de otro organismo internacional clave como el Banco Central Europeo en el contexto económico actual?

La “autonomía” de los Bancos Centrales es otra de las milongas del capitalismo financiero del siglo XXI. No se debe confundir “profesionalidad” e “independencia” con una supuesta “autonomía” de los Bancos emisores que, en crisis como la que hemos pasado y seguimos sufriendo, ya hemos visto hacia dónde se han dirigido sus querencias: hacia los bancos y entidades financieras privadas. La política monetaria no puede quedar completamente fuera del control y la decisión política que, por otra parte, debe de ser, asimismo, fruto de una decisión y de un control democrático.  La libertad política del ciudadano debe hacerse presente también mediante el control de los poderes económicos.