Me imagino que lo que la gran mayoría entiende por “ayuda pública” consiste en el auxilio voluntario que el conjunto de los ciudadanos proporciona a quien atraviesa una situación que no puede resolver por sí mismo.

Y que dicho auxilio se proporciona al objeto de que revierta en beneficio no sólo de los auxiliados, sino del conjunto de los ciudadanos.

En el caso de la mal denominada “ayuda pública” concedida a la entidad privada Bankia:

1º: ni sus gestores reconocieron no poder resolver la situación por sí mismos,

2º: ni el conjunto de los ciudadanos quiso ni quiere proporcionarles auxilio,

3º: ni dicho auxilio se ha diseñado para satisfacción del conjunto de la sociedad.

Sin cumplir ninguno de los requisitos conceptuales que conforman lo que la gran mayoría entiende por “ayuda pública”, el ejecutivo de España ha elaborado una reforma financiera que avala el desvío de fondos públicos a la satisfacción de intereses privados.

Por definirlo conforme a lo que la gran mayoría entiende; ha “malversado caudales públicos”, lo que constituye un delito cuya pena oscila entre los tres y los seis años de prisión, de acuerdo a la regulación legal española.