Ante las posibilidades de una nueva reforma del sistema de financiación autonómico, a continuación se realiza un breve análisis acerca del actual modelo basado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (LOFCA).

Conforme a este sistema, cada Comunidad posee unas necesidades globales de financiación, que se componen por los recursos que proporcionan las figuras tributarias de su propia gestión – como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el de Sucesiones y Donaciones – además de una serie de refuerzos del sistema del bienestar que atienden a variables como la población, la dispersión, la densidad o la insularidad.

Tal y como especifica además la normativa, las necesidades globales de financiación deben procurarse con todos los recursos del sistema, de ahí la asignación a las Comunidades de una parte de la recaudación de impuestos como el IVA o el IRPF, cuya gestión corresponde al Estado aunque se encuentren cedidos total o parcialmente en un determinado porcentaje o fracción a las autonomías.

La última liquidación del sistema de financiación autonómico en España corresponde al año 2010. A continuación se desglosan el conjunto de los recursos financieros disponibles para cada Comunidad:

– Recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados conforme a su valor normativo.

– Recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios transferidos.

– Recaudación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte por su valor normativo.

Tarifa autonómica del IRPF de los residentes en la Comunidad Autónoma, correspondiente a una participación autonómica del 50% en el rendimiento de dicho impuesto.

– Cesión del 50% de la recaudación líquida por IVA, de forma que cada Comunidad obtenga la mitad de lo que le corresponde conforme a un índice de asignación territorial que elabora el INE.

– Cesión del 58% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Cerveza. Al igual que antes, el INE se encarga de elaborar un índice de consumo que permite asignar a cada Comunidad un determinado porcentaje de la recaudación estatal, sobre la que posteriormente tendrán derecho en un 58%.

– Cesión del 58% de la recaudación líquida por los Impuestos sobre Productos Intermedios y sobre Alcohol y Bebidas Derivadas. (58% sobre la parte correspondiente a cada Comunidad tras la asignación territorial que estipule el índice de consumo determinado por el INE)

– Cesión del 58% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre Hidrocarburos. (En este caso redistribuidos conforme al índice de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

– Cesión del 58% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre las labores del Tabaco. (Tras la previa asignación que se derive del índice de ventas a expendedurías a cada Comunidad Autónoma certificado por el Comisionado para el Mercado de Tabacos)

– Cesión del 100% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad, redistribuidos conforme al índice de consumo neto de energía eléctrica en cada Comunidad Autónoma, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

– Transferencias del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, determinadas en función de la variable «unidades de necesidad» o «población ajustada» de cada Comunidad.

Fondo de Suficiencia Global, calculado como la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de cada Comunidad y su capacidad tributaria junto con la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

Fondos de Convergencia Autonómica, para aproximar a las Comunidades en términos de financiación por habitante ajustado, favorecer la igualdad y el equilibrio económico territorial. Compuesto por dos subfondos:

* Fondo de Competitividad, con recursos adicionales del Estado para reforzar la equidad.
* Fondo de Cooperación, para desarrollar y armonizar el desarrollo regional, atendiendo a las Comunidades con un PIB per cápita inferior al 90% de la media, con una densidad de población inferior al 50% o con un crecimiento de la población inferior al 90%.

Toda vez que se han detallado las partidas que el Estado distribuye entre las distintas Comunidades españolas incluidas en el régimen común (recuérdese que País Vasco y Navarra integran el sistema de Régimen Foral), la financiación global obtenida por cada autonomía en el año 2010 es la representada en el gráfico.

(Para conocer el importe de los índices de consumo, ventas y entregas que determinan los valores de cesión del IVA, IRPF, etc…, haz click en sus enlaces correspondientes)

Leyenda de cifras:

– Andalucía: 18.942,2 millones de euros.
– Cataluña: 17.472,4 millones de euros.
– Madrid: 14.360 millones de euros.
– C.Valenciana: 11.042,7 millones de euros.
– Galicia: 7.388,1 millones de euros.
– Castilla y León: 6.826,8 millones de euros.
– Castilla La-Mancha: 5.034,6 millones de euros.
– Canarias: 4.531,4 millones de euros.
– Aragón: 3.595,8 millones de euros.
– Murcia: 3.055,3 millones de euros.
– Extremadura: 3.003,3 millones de euros.
– Asturias: 2.834,8 millones de euros.
– Islas Balears: 2.476,4 millones de euros.
– Cantabria: 1.799,0 millones de euros.
– La Rioja: 926,8 millones de euros.
– Ceuta: 33,8 millones de euros.
– Melilla: 27,5 millones de euros.