Artículo escrito por Lorena Tajada Igea. Licenciada en Derecho

El sistema de pensiones que ha tenido España, y que conocemos desde su implantación, está llegando a su fin, debido en gran parte a razones demográficas, es decir, bajos índices de natalidad y aumento de la esperanza de vida, pero también, porque con el elevado índice de paro actual (que supera el 26%) se ha alcanzado un ratio desconocido desde 1997, y es que desde principios de este año tan sólo 1,9 trabajadores de media cotizan por cada 2 pensionistas. Para que el sistema funcione de manera mínimamente correcta, debería haber, al menos, 2,3 trabajadores cotizando por pensionista.

Todo lo anterior ha provocado la utilización de un Fondo antiguamente considerado “intocable”; el denominado Fondo de Reserva Especial. Éste se utiliza para atender las necesidades de pago de las pensiones que pudieran originarse en momentos de crisis económica. La necesidad actual de utilizar este fondo se ha debido al déficit en las cuentas de la Seguridad Social y que a corto plazo puede llegar a no ser sostenible.

En Europa existe también un temor a una insostenibilidad del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, por ello se han adoptado diferentes factores de sostenibilidad, por ejemplo: dependiendo de la esperanza de vida (Dinamarca, Grecia o Italia), los años cotizados (Francia) o la revalorización de pensiones (Alemania, Suecia o Hungría) entre otras. Por ejemplo, Dinamarca fijará automáticamente en los 67 años la edad de jubilación a partir del 2022 y luego irá cambiando progresivamente según la esperanza de vida de la población a los 60 años. Por otro lado, en Francia se ampliará el periodo de cotización de los 41,5 años hasta los 43 de manera progresiva.

En el caso de España, el Factor de Sostenibilidad se basará en vincular de manera automática (a partir de 2019) el importe inicial de la pensión de jubilación a la evolución de la esperanza de vida del pensionista; todo ello ligado a los gastos e ingresos del sistema de la Seguridad Social, por lo que en época de “bonanza” económica se podrá cobrar mayor pensión que en época de crisis.

Se va a prever de manera estadística, en periodos de quince años, cómo evoluciona la esperanza de vida. El inicio de esta aplicación será en el ejercicio de 2019, calculando la esperanza de vida inicial con los datos de 2012 a 2017 y no centrándose así únicamente en suposiciones acerca de cómo se calculará en el futuro, sino en datos verídicos.

Desde hace años vemos cómo se producen en la sociedad numerosos cambios; familias monoparentales,  divorcios exprés, amplitud de mercado, la era de Internet…..

La Seguridad Social  no debe ni impulsar ni frenar los comportamientos que se originan a raíz de los cambios sociales, sino que debe preocuparse por integrar estos cambios en sus políticas de actuación.

Debemos tener claro que el sistema de pensiones no estaba garantizado al 100% ni siquiera cuando nos encontrábamos en una época de prosperidad económica. Es decir, la crisis económica no originó la crisis en el sistema de pensiones, sino que el declive del sistema se originó mucho antes, debido a cambios socio-económicos, y hay que entender que su sostenibilidad a medio y largo plazo estaba en el aire.

Si bien, la forma en que se va a proceder al cálculo de las pensiones parece que va a ser cada vez más farragosa. Se van a tener en cuenta datos futuros, inciertos e inexactos que  no aportan toda la seguridad jurídica que el Sistema de la Seguridad Social necesita. Los cambios continuos debido a las fluctuaciones socio-económicas, ya vengan impuestas por Europa o simplemente a iniciativa del gobierno, sólo generan desconfianza, temor y cada vez una estructura más deficiente que se caracteriza por un constante desequilibrio y desigualdad.