En España “nadie va de putas” -parafraseando el título de aquel libro publicado hace unos años ya sobre el fenómeno de la prostitución-, pero las agencias de escorts y el conjunto de actividades vinculadas a la industria del sexo facturan en torno a 50 millones de euros diarios, tal y como se desprende de los datos incluidos en el último Informe de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades de las Cortes Generales para el estudio de la prostitución en España relativo al año 2007.

De modo que más de 18.000 millones de euros anuales generados en territorio económico español no presentan contrapartida fiscal -es decir, no revierten impuestos al Estado, quedando englobados conceptualmente dentro de lo que conocemos como “economía sumergida”-  de igual manera que tampoco proveen ningún tipo de cobertura o derecho laboral tales como bajas por enfermedad o pensiones de jubilación a todas aquellas personas que, precisamente mediante el ejercicio de la prostitución en agencias o burdeles de escorts, contribuyen a su consecución.

Efectivamente, en la contextualización del sector hay que distinguir la prostitución realizada de manera forzada -aproximadamente un 20% del total según cifras globales de carácter europeo- de aquella otra tipificada como voluntaria y que se realiza mayoritaria y crecientemente en locales, pisos y agencias de escorts. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que España se caracteriza por pertenecer al conjunto de Estados europeos que aplican sobre la prostitución un enfoque de carácter “abolicionista”, esto es, un enfoque por medio del cual ni se prohíbe ni regula su práctica.

Pero abocar la industria del sexo a un vacío legal constituye la peor de todas las opciones, pues constituye una antítesis radicalmente distinta a aquella por la que se caracterizan otros estados miembros de la Unión Europea como Holanda o Alemania, quienes mediante una óptica “reglamentarista” consiguen regularizar socialmente la práctica de la prostitución, otorgándole a quienes la ejercen el tratamiento correcto: “trabajadora” -ya que la evidencia demuestra que hablamos de una profesión mayoritariamente femenina- de pleno derecho.

El actual abolicionismo existente en España se inhibe de una realidad muy concreta; decenas e incluso cientos de miles personas, según quién realice los cálculos, dedicadas a la prostitución. Esta omisión acaba suponiendo en la práctica, además, una complicidad perversa con las estructuras mafiosas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. No establecer ningún tipo de regulación y control -registro de locales y agencias de escorts, reconocimientos médicos de las trabajadoras, sujeción de las actividades a impuestos, etc…- constituye un escenario alegal y por lo tanto ideal para las organizaciones delictivas actualmente operativas en cualquiera de los ámbitos de nuestra sociedad.