Que generan un volumen de negocio de miles de millones de euros anuales en España, razón por la cual hace aproximadamente un año fueron cuantificadas de forma oficial por el Instituto Nacional de Estadística en el 0,84% del PIB -de forma diluida junto a otras actividades tachadas de un carácter marcadamente ilegal-.

Huelga decir que la concreción del valor de estas actividades, realizada a partir de aproximaciones estadísticas derivadas de cuestionarios y encuestas, fue efectuada por imperativo de Europa y con el único fin de que fueran incorporadas a los agregados del PIB de los distintos estados europeos, homogeneizándose así los datos productivos de los países que no regulan la práctica de la prostitución y los servicios de escorts y los que sí.

Nótese pues que el interés de las instituciones europeas no consistió en establecer un marco legislativo común en torno a la existencia de un mismo sector de actividad económica y laboral en el conjunto de sus estados miembros, sino velar por que los respectivos PIB de los países europeos reflejaran el mismo repertorio de actividades, con sus correspondientes cuantificaciones, y todo ello al objeto de tributar -de forma equiparable- hasta el último céntimo de euro efectivamente producido.

Queda patente, por consiguiente, que la regulación de la prostitución, el sexo de pago y los servicios de escorts no se encuentran relegados en España sino a un segundo plano o incluso a uno obstinadamente imperceptible, precisamente por ese mismo sector público que paralelamente reconoce ser capaz de identificar el valor económico que dichas actividades generan.

Y es que como dijo Friedich Engels, “apenas comenzaron los hombres a practicar el cambio, ellos mismos se vieron cambiados”, dando a entender que el gran descubrimiento del cambio, el trueque o el comercio no solo abrió un campo de infinitas posibilidades económicas a la humanidad, sino también una serie de funestos efectos contraproducentes, como la aparición de la esclavitud, la opresión masiva del hombre por el hombre o la perentoria necesidad de obtener dinero como única garantía vital para la supervivencia.

Por lo tanto quizás nos debiéramos preguntar si acaso el Estado actual no vela por los principales derechos y el bienestar de todas las personas con valor de cambio en la sociedad, para reflexionar acerca de si debiera realizarse otro tipo de aproximación institucional al sector de la prostitución, que no sea el de obviar que en España existen más de 600.000 personas ejerciéndola, al mismo tiempo que se destinan a Europa los impuestos que jamás servirán para garantizar, entre otros aspectos, las prestaciones por jubilación de los y las trabajadoras del sector.

Nota: Artículo elaborado a partir de información proporcionada por el INE -Instituto Nacional de Estadística-, el portal Erosguía y el periodista Javier Ruiz Pérez.