El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) presentó en su reciente sexto informe nueve medidas concretas para tratar de reducir la tasa de paro de la economía española por debajo del 15% en el horizonte de los próximos cuatro años. Las compañías que componen este think tank español -Telefónica, Banco Santander, Inditex o Iberdrola, entre otras- alcanzan una facturación equivalente al 35% del PIB y emplean a más de 1,7 millones de trabajadores.

En concreto, los campos de actuación propuestos fueron los siguientes:

1 – “Aumentar el tamaño empresarial y con ello el empleo vía productividad”

De acuerdo a diversos informes de consultoría y asesoría económica, conforme mayor es el tamaño empresarial, mayores son los niveles de productividad y por lo tanto más facilidad tienen las empresas para penetrar en mercados exteriores.  La participación de las empresas de más de 50 empleados en el total de las empresas españolas es del 0,8%, por un 1,9% de las empresas de este tamaño en Reino Unido o del 3% en Alemania. Las ganancias de competitividad conseguidas con el aumento del tamaño empresarial elevando su ponderación hasta el 1,5% lograrían generar 400.000 puestos de trabajo según los últimos análisis.

2- “Hay que seguir apostando por la internacionalización de la empresa española e incorporación a las cadenas de valor globales”

La reorientación de las empresas españolas hacia el mercado exterior permitió en 2013 alcanzar por primera vez en 25 años un superávit por cuenta corriente. Consolidar esta tendencia supondría según los últimos análisis y estudios macroeconómicos reducir el elevado nivel de deuda externa acumulado durante la crisis (164% del PIB en términos brutos) y acometer así el proceso de desendeudamiento. Así, si se originaran 35.000 empresas exportadoras regulares en los próximos cuatro años se crearían 700.000 puestos de trabajo.

3- “Mejorar el nivel educativo de la población reduciría considerablemente la brecha de  bienestar con los principales países desarrollados”

Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos educativos, vinculando las remuneraciones de los profesores a la consecución de objetivos o equiparando el gasto en educación (5,6% del PIB en España) a la media de los países de la OCDE (6,2%), mejoraría el stock de capital humano y permitiría a los desempleados más afectados por la crisis –construcción- especializarse en los nuevos sectores del modelo productivo.

4- “Hay que acelerar la Economía del Conocimiento”

Los principales retos de España en este campo consisten en fomentar el desarrollo científico y tecnológico e impulsar una mayor inversión en I+D, asegurando un mayor uso de tecnologías digitales. Hasta un 85% del crecimiento de la productividad de las economías desarrolladas proviene como consecuencia directa de la innovación. Por lo tanto, la intensidad en actividad en I+D debería ascender desde el 1,3% sobre el PIB actual hasta el 3%. El impacto en creación de empleo se cuantificaría en 130.000 puestos de trabajo.

5- “Una política energética sostenible económica y medioambientalmente”

El sector energético supone el 3,1% del PIB español y emplea a más de 420.000 personas. Pero siendo un factor clave de la competitividad empresarial –supone un porcentaje relevante de los costes totales de una empresa en el desarrollo de su proceso productivo- la factura eléctrica es en España muy cara en comparación con la de Europa o Estados Unidos. Se deben eliminar costes tarifarios, plantear una reforma fiscal o redefinir la retribución de actividades reguladas. Además, una inversión de 18.000 millones de euros destinada a cumplir los objetivos europeos del 20-20-20 podría tener un efecto directo en el empleo de unos 100.000 nuevos puestos de trabajo.

6- “Es necesario conservar la posición privilegiada del sector de infraestructuras”

La calidad de las infraestructuras españolas ocupa el sexto puesto en el ranking mundial elaborado por el Foro Económico Mundial. Según el FMI un aumento de un 1% en la inversión en infraestructuras podría generar incrementos en el PIB de en torno al 2%. Pero antes debería mejorarse la competitividad del sector logístico ya que éste se sitúa significativamente por debajo de los principales países europeos. Tras la crisis, el peso de la inversión pública sobre el PIB ha descendido hasta el 1,5% desde el 4,5% y se encuentra por debajo del correspondiente a la Zona euro (2,1%). Para frenar esta depreciación se requeriría aumentar la inversión pública en unos 10.400 millones de euros anuales.

7- “Financiación fluida, clave para el desarrollo del país”

Los principales retos por el lado de la oferta consisten en incentivar el ahorro a largo plazo, minimizar el impacto de la nueva regulación bancaria y desarrollar el mercado de capitales y la financiación alternativa. Por el lado de la demanda, mejorar el acceso de las Pymes a la financiación, apoyar el crecimiento empresarial o profesionalizar la gestión financiera en las empresas.

8- “La lucha contra el fraude laboral podría aflorar más de 800.000 empleos y reducir la tasa de paro hasta en 3,6 puntos básicos”

Diversos estudios e informes económicos cuantifican la economía sumergida de España en el 23% del PIB (230.000 millones de euros en valores absolutos y cuatro millones de empleos), un nivel comparativamente muy superior al de otros países del entorno europeo. Fiscalmente, en España se están dejando de recaudar entre 60.000 y 80.000 millones de euros al año. Una de las razones se encuentra en el reducido ratio de inspectores/empleos sumergidos existente en España. Incorporar medidas dirigidas a aumentar la tasa de penetración de las empresas de empleo temporal supondría el afloramiento de 171.000 empleos y podría traducirse en un ahorro fiscal de unos 10.000 millones de euros anuales.

9- “Un ajuste fiscal creíble y sin riesgos en la ejecución es clave para la sostenibilidad de la deuda pública”

España tiene uno de los menores ratios de recaudación sobre el PIB (37,4% vs 44,2% Zona euro). Y para evitar que la deuda pública supere el 100% del PIB se requiere conseguir niveles de superávit en las cuentas públicas al objeto de estabilizar los ratios de endeudamiento. Las medidas deben recaer en menor medida en recortar los gastos. Y para mejorar los ingresos debe aumentar la lucha contra el fraude fiscal y laboral, debe racionalizarse el personal de las Administraciones Públicas o aumentar el tamaño medio de los municipios.