Sergio González Sánchez, autor del blog «empresarialesyderecho»

Hoy en día son muchos los que ponen en duda la división de poderes. Los intentos del poder legislativo por controlar al judicial han sido muchos y eso hace que se tambalee uno de los pilares básicos de nuestra democracia.

Estas ansias de control han llevado al legislativo a promulgar numerosas leyes con el fin de controlar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el órgano de gobierno del Poder Judicial y además es quien elige a los magistrados del Tribunal Supremo.

Nuestra Constitución recoge que de los veinte miembros que forman el CGPJ, cuatro serán elegidos por el Congreso y otros cuatro por el Senado (en ambos casos por mayoría de tres quintos), siendo los doce restantes elegidos de entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales sin especificar el sistema de elección, dejando esta tarea a una ley orgánica.

Hasta 1985 se daba la autoridad para elegir a los doce miembros de designación no parlamentaria a Jueces y Magistrados. Pero tras la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, estos doce miembros pasan a ser elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado.

Esta ley recibió numerosas críticas por parte del propio Consejo General del Poder Judicial, ya que la consideraba una invasión de sus competencias. Por ello interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, que consideró que no se había vulnerado ningún precepto constitucional, dado que la Carta Magna da libertad a la ley orgánica para regular el sistema de elección de los miembros del CGPJ de elección no parlamentaria.

La ley de 1985 se mantuvo intacta hasta su modificación en 2001, cuando se pretendió que Jueces y Magistrados participasen en el proceso de elección de los vocales de representación no parlamentaria. Aunque realmente la decisión final siguió siendo tomada por el Congreso y el Senado.

Sin embargo en 2013 se volvió a modificar la ley de 1985 por el ahora exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón. Esta reforma supuso que Congreso y Senado eligieran cada uno de ellos a cuatro juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, junto a los otros seis correspondientes al turno judicial. En ambos casos por mayoría de 3/5, lo cual ha impedido el consenso para la renovación de los miembros del cuerpo, cuyo mandato debiera estar limitado a cinco años.

Con esta nueva ley, todos los vocales del CGPJ son elegidos completamente por el Congreso y el Senado y sin ningún tipo de participación por parte del colectivo de Jueces y Magistrados. Sin duda alguna son muchas las voces que se alzan en contra de esta reforma, ya que quebranta la independencia judicial, y más en un momento en el que se están destapando numerosos casos de corrupción, motivo por el cual es más necesario que nunca la total independencia del poder judicial.

De momento la reforma de 2013 sigue manteniéndose intacta, a pesar de los continuos esfuerzos de jueces y magistrados por derogarla. Hoy en día casi podríamos afirmar que Montesquieu ha muerto y con él la división de poderes.