“Si el IVA lo pagaran quienes tienen que pagarlo, no habría que subirlo tanto”, dijo en cierta ocasión, no hace demasiado tiempo, el señor Cristóbal Montoro mientras intentaba aplacar, con muy poca fortuna, todo hay que decirlo, la indignación popular.

Meses después, con el tipo impositivo general del IVA en el 21%, la tasa de paro por encima del 25% y una amnistía fiscal cuyo capítulo final concluyó con una fianza de 30 millones de euros sobre la libertad del ex presidente de la patronal, la misma cautelosa y repugnante manta que cubría a todos aquellos que de vez en cuando tenían que “hablar de lo suyo, que era muy bonito”, vuela ahora en libertad condicional a los lomos de una rabia carcelaria low-cost.

Quizá no exista en la reciente historia de la política democrática de España un ambiente de tanta tensión y crispación como el generado a partir de la liberación mediática de esta perdiz atómica de tan desproporcionada dimensión.

El espectacular y extraordinariamente amplio abanico de actitudes, respuestas e investigaciones que nos toca presenciar, se situará en el mismísimo cogollo de un caladero donde por supuesto que habrá inocentes, pero donde lo que habrá, sobre todo, serán culpables que deberán pagar sus responsabilidades penales.

Dentro de este rango de iniciales y precipitadas reacciones, unos simplemente niegan la presente, tirando por el suelo toda su credibilidad, mientras otros y otras, lo niegan, sí, pero sin olvidar lanzar un mensaje auto-defensivo en forma de puñal, como si eso fuese lo que les pudiese salvar.

Dos de los más directamente implicados, simplemente callan y piensan en cómo escapar de un asunto por el que sólo deberían tener ganas de llorar.

No. No es éste otro lío más. Es la financiación ilegal de un partido que habría implicado en sus tentáculos a la patronal y a las empresas de su entorno, junto a algunos de los partidos independentistas que firmaron pactos de gobernabilidad central, citando tan solo dos ejemplos.

Por no comentar, en el contexto de otros casos de corrupción, el suceso por el que el máximo representante español se vio forzado a pedir perdón tras una extraña caída en el contexto de un safari internacional, algo que molestó a algunos muchísimo, sobre todo, por desconocer la ubicación exacta del Monarca.

No, no son sólo 22 millones de euros a nombre de un solo titular. Son muchísimos millones más y muchísimos implicados y encubridores más.

La democracia era esto.

¿Y ahora qué?