Según el Código Penal de 1995, en su artículo 305 sobre el delito fiscal, “el que por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos (1), cantidades retenidas o que se hubieran debido retener (2) o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma (3), siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda del límite de 120.000 euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía”.

Así, con las sucesivas modificaciones que se realizaron a la normativa en 2010 y 2012, la pena máxima para el delito de fraude fiscal aumentó de los cuatro a los cinco y los seis años, respectivamente.

Asimismo, la prescripción para las infracciones más graves (fraude tributario superior a los 600.000 euros) se elevó en 2012 de los cinco a los diez años.

Según la Agencia Tributaria, el número de expedientes de delito fiscal manejados en el año 2011 ascendieron a 726, alcanzando unas cuotas defraudadas de 909 millones de euros.