El Fondo de Competitividad es uno de los dos fondos de convergencia autonómicos que regula la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.

Compuesto por recursos adicionales del Estado, uno de sus principales objetivos es reducir las desigualdades de financiación per cápita entre las Comunidades.

La dotación del Fondo para el último año liquidado del sistema de financiación autonómica -2010- se cifró en 4.084 millones de euros.

Dicha cuantía proviene de aplicar al 75% de los recursos de refuerzo del Estado del Bienestar (4.900 millones de euros), la variación anual 2010/2009 experimentada por los ingresos tributarios del Estado (1,5876%), además de una ponderación posterior del 70%, tal y como se estipula en la también denominada ley LOFCA.

Una vez conocido el importe de reparto máximo, 4.084 millones de euros, el siguiente paso es determinar qué Comunidades tienen derecho a recibir importes del Fondo, ya que sólo tienen acceso aquéllas cuya financiación per cápita ajustada es inferior a la media o aquéllas cuya financiación por habitante ajustado es inferior a su capacidad fiscal.

Conforme al primer criterio, Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana, Canarias e Islas Baleares fueron beneficiarias del Fondo en 2010. Madrid lo fue conforme al segundo de los criterios.

Una vez determinadas las Comunidades beneficiarias, el reparto del Fondo se realiza atendiendo al peso de la población ajustada de cada una de ellas en relación al total de la población ajustada del conjunto de las autonomías beneficiarias.

La obtención de importes del Fondo se limita a la consecución de un índice máximo de capacidad fiscal igual a 1,05 para 2010 ó de 1, en el caso de las comunidades beneficiarias cuyo índice de partida sea inferior a dicha cifra.

La laberíntica definición de «índice de capacidad fiscal» que la normativa aporta es: «El resultado de sumar 0,75 al cociente de la capacidad fiscal por habitante ajustado de la Comunidad Autónoma en el año (x) entre la capacidad fiscal por habitante ajustado media en el año (x) una vez ponderado por 0,25.»

Un ejemplo puede aclararlo bastante: la capacidad fiscal de Cataluña ascendió a 17.081 millones de euros en 2010 una vez sumadas las recaudaciones cedidas por el Estado de IRPF, IVA e Impuestos Especiales, así como las de determinados impuestos propios y tasas.

Su población ajustada en 2010 se cuantificó en 7.434.588 de habitantes ajustados, por lo que su capacidad fiscal por habitante ajustado fue de 2.297,46 euros, sólo superada por la de Madrid con 2.712,98 euros (en el extremo opuesto se situó Canarias con 728,48 euros).

Como la capacidad fiscal por habitante ajustado media fue de 1.912,84 euros, el cociente de 2.297,46/1.912,84, ponderado por el 20% (0,3002681), más 0,75, dio como resultado un índice de capacidad fiscal para Cataluña de 1,0503.

Una vez realizada la aclaración, también es importante tener en cuenta es que los recursos obtenidos del Fondo se adicionan al conjunto de los recursos de financiación autonómicos hasta alcanzar los objetivos de capacidad fiscal comentados, lo que implica que pueda no agotarse por completo el Fondo, tal y como por ejemplo sucedió en la liquidación practicada del año 2010, en la que se repartieron 3.038 millones de euros, de un total de 4.084 millones de euros presupuestados.

En el siguiente enlace puedes consultar más información sobre las cifras del sistema de financiación autonómico.