En la última semana España ha realizado la actualización estadística de sus agregados macroeconómicos, una tarea que se encontraba pendiente de concretar.

El cambio, impuesto por la Comisión Europea al objeto de homogeneizar la información estadística de todos los estados miembros de la Unión Europea, supone la agregación de actividades ilegales– prostitución, tráfico de drogas, contrabando de tabaco y juego ilegal – en la cuantía global del Producto Interior Bruto (PIB).

España las ha cuantificado en el 0,87% de su PIB, lo que supone incrementar éste en unos 8.700 millones de euros según la nueva normativa metodológica.

En consecuencia, España deberá realizar en los próximos años una mayor contribución fiscal al presupuesto europeo, puesto que hasta un 70% -aproximadamente- de los ingresos presupuestarios de la Unión Europea (UE) provienen de la aplicación de cuotas sobre la Renta Nacional Bruta (RNB) de los distintos estados miembros.

Así, teniendo en cuenta que esta cuota oscila en el caso de España alrededor del 8% – siendo este porcentaje la ponderación de su RNB en el total de la RNB de la UE-, resulta que España deberá aumentar su contribución presupuestaria en más de 500 millones de euros.

Este hecho supone en la práctica una fuerte penalización de la economía española y pone en evidencia que las actividades ilegales de España se elevan muy por encima de las del resto de los países europeos (con la excepción de Italia), lo que inevitablemente implicará el ejercicio de una mayor presión fiscal sobre el conjunto de la sociedad.