Del dicho al hecho, todos recordamos cuando en la escuela el “bala” de la clase cometía una falta y el profesor decía eso de: “si no sale el culpable ahora mismo, os quedáis todos sin recreo”. El culpable, por supuesto, nunca levantaba la mano y el resto de alumnos tampoco acababa chivándose por lo que pudiera pasar después. El maestro lo solucionaba todo así, era una técnica fácil, rápida pero que, en realidad, no era justa para nada.

Pensando en lo que ha ocurrido recientemente con el colectivo de los funcionarios (suspensión de su paga extraordinaria de navidad, aumento de la jornada laboral a 37,5 horas, reducción del número de moscosos o días de libre disposición) parece que ahora nos encontramos con una situación parecida a la de la escuela.

¿Por qué nadie sugiere que se les baje el salario a los empleados de la banca, al menos a los de la banca nacionalizada? Como es bien sabido, sobre la banca pesa la mayor parte de la responsabilidad en la crisis económica española.

Habría que recordar la desproporcionada cantidad de hipotecas que se concedieron durante el boom inmobiliario, las negligentes prácticas de análisis del riesgo aplicadas, las inexistentes estrategias de diversificación del negocio financiero, etc.

Por su penosa gestión, además de deteriorar la economía nacional hasta el punto de hundirla y sumirla en una situación dramática de desempleo, el actual gobierno español ha tenido que pedir a Europa el rescate aceptando un préstamo que todos los españoles deberán pagar.

Y, sin embargo, nadie exige que se les baje el salario ni al cajero, ni al gestor, ni al consejero ejecutivo de los bancos españoles que cotizan en el IBEX 35.

Los empleados públicos están pagando el pato. Esto no quiere decir que el sector público no requiera de una reforma en positivo, como incentivar a los funcionarios más productivos o estudiar en qué departamentos se requiere a más gente y en cuáles sobra.

Tampoco quiere decir que no haya que vigilar más al trabajador vago, que como en el sector privado, los hay, por supuesto.

Con esto tan sólo se quiere indicar que el funcionariado no tiene la culpa de la crisis y que de ellos depende la salud pública, la educación, la gestión de las ayudas por desempleo o incluso la reforma de la administración electrónica, en la que por cierto, España es líder a nivel mundial.